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Porte y jerarquía

Debido a que la estructura social es desigualmente jerárquica, los gobiernos son los responsables de procurar las bases mínimas para promover la libertad individual de las personas. Las diferencias de porte en la sociedad humana han de corresponder con una elección individual. La libertad individual, entendida como la libertad de la elección de vida, implica una responsabilidad social. La libertad de la elección de vida garantiza la igualdad en la mínima capacidad de ser y de obrar de las personas. La mínima capacidad de obrar en forma autónoma garantiza la capacidad de hacer frente a las interferencias abusivas del otro. Protege a las personas de las formas de abuso en las alturas del poder politico. Protege a las personas de los abusos en las alturas de lo cotidiano, como la violencia doméstica. La capacidad de autonomía minima protege la dignidad personal de las formas de abuso en general. Independientemente del porte jerárquico, es una responsabilidad social procurar la igualdad de alturas mediante el trato digno entre las personas.

Publicado en El Mostrador, 6 de febrero, 2017

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Ciencia y fenómenos complejos: la confusión de planos en el debate sobre el uso medicinal y el consumo de marihuana

La subjetividad se manifiesta en toda acción humana, tampoco la ciencia escapa a las subjetividades. A pesar de la subjetividad inevitable del científico en cuanto humano, la ciencia debe desarrollarse libre de conflictos de interés. Extrema rigurosidad merece la “popularización” de los resultados científicos, esto es, la forma en que se comparten los resultados de las investigaciones con la comunidad (no científica). El científico debe ser capaz de elaborar análisis multinivel, multicausal y críticos sobre los fenómenos complejos, sin desconocer que la forma en que manipula los datos y comunica los resultados tendrá repercusiones en la comunidad, desde las políticas públicas hasta en la intimidad de las personas.

A largo de este año se ha mediatizado el debate sobre el uso medicinal y el consumo de marihuana, polarizándose entre los partidarios a favor del uso medicinal y aquellos que enfatizan el daño del consumo. Debate que ha dejado en evidencia una confusión de planos. Aparte del interés por la salud de las personas, los partidarios de una u otra postura han participado, menos en calidad de científicos o profesionales de la salud, y más como representantes de posiciones políticas opuestas, en particular a favor o en contra de la despenalización de la marihuana, y en definitiva del actual gobierno.

Al existir evidencia científica de las propiedades medicinales del cannabis, en principio no habría problema en “facilitar”, con la debida fiscalización, y sin merecer siquiera debate alguno, su uso médico. En relación a los “daños” asociados al consumo de marihuana, frecuentemente usados como argumento para justificar la penalización, fácilmente podría cuestionarse la efectividad de divulgarlos con el objetivo de disminuir y prevenir el consumo. Si consideramos lo que ocurre con el consumo de tabaco, para ilustrarlo con un ejemplo cotidiano, los fumadores continúan comprando cigarrillos sin prestar mayor atención a las fuertes imágenes de los daños y advertencias que se publican en las cajetillas que los contienen. Aún más, la divulgación de los “efectos” que produce el consumo de marihuana podría orientar a los consumidores respecto a los efectos “deseables”, convirtiéndose en una suerte de “menú”, lo cual obviamente podría incluso aumentar el consumo.

¿Es la penalización una forma de intervención adecuada? Probablemente la respuesta espontánea sea afirmativa, aunque sin mayor reflexión respecto a la compleja repercusión social que conlleva la penalización, como por ejemplo el narcotráfico. Sin embargo, más allá del cumplimiento de la ley, las formas de intervención orientadas a disminuir y prevenir el consumo “problemático” de marihuana no corresponderían al plano legal sino al de la salud mental. Para el profesional de la salud mental, la forma de intervenir respondería a otra pregunta no menos compleja ¿qué está pasando con esta persona (y con su vida) que continúa consumiendo marihuana a pesar de conocer los daños que provoca en su salud y las consecuencias penales que implica el consumo? .

Independientemente de que en el plano de la ley el consumidor de marihuana deba ser tratado como un “delincuente”, el profesional de la salud mental comprende que el consumidor “padece” el consumo problemático. En otras palabras, este tipo de consumo sería un “síntoma” de un problema situado en el plano existencial y en el contexto vida del consumidor. Por consiguiente, la intervención debería estar orientada “ante todo” a la detección del problema psicológico y social de fondo, junto con desarrollar recursos más saludables, y dentro de un contexto protegido, especialmente cuando se trata de la “vulnerabilidad” de niñas, niños y adolescentes.

La subjetividad se manifiesta en toda acción humana, tampoco la ciencia escapa a las subjetividades. A pesar de la subjetividad inevitable del científico en cuanto humano, la ciencia debe desarrollarse libre de conflictos de interés. Extrema rigurosidad merece la “popularización” de los resultados científicos, esto es, la forma en que se comparten los resultados de las investigaciones con la comunidad (no científica). El científico debe ser capaz de elaborar análisis multinivel, multicausal y críticos sobre los fenómenos complejos, sin desconocer que la forma en que manipula los datos y comunica los resultados tendrá repercusiones en la comunidad, desde las políticas públicas hasta en la intimidad de las personas.

A largo de este año se ha mediatizado el debate sobre el uso medicinal y el consumo de marihuana, polarizándose entre los partidarios a favor del uso medicinal y aquellos que enfatizan el daño del consumo. Debate que ha dejado en evidencia una confusión de planos. Aparte del interés por la salud de las personas, los partidarios de una u otra postura han participado, menos en calidad de científicos o profesionales de la salud, y más como representantes de posiciones políticas opuestas, en particular a favor o en contra de la despenalización de la marihuana, y en definitiva del actual gobierno.

Al existir evidencia científica de las propiedades medicinales del cannabis, en principio no habría problema en “facilitar”, con la debida fiscalización, y sin merecer siquiera debate alguno, su uso médico. En relación a los “daños” asociados al consumo de marihuana, frecuentemente usados como argumento para justificar la penalización, fácilmente podría cuestionarse la efectividad de divulgarlos con el objetivo de disminuir y prevenir el consumo. Si consideramos lo que ocurre con el consumo de tabaco, para ilustrarlo con un ejemplo cotidiano, los fumadores continúan comprando cigarrillos sin prestar mayor atención a las fuertes imágenes de los daños y advertencias que se publican en las cajetillas que los contienen. Aún más, la divulgación de los “efectos” que produce el consumo de marihuana podría orientar a los consumidores respecto a los efectos “deseables”, convirtiéndose en una suerte de “menú”, lo cual obviamente podría incluso aumentar el consumo.

¿Es la penalización una forma de intervención adecuada? Probablemente la respuesta espontánea sea afirmativa, aunque sin mayor reflexión respecto a la compleja repercusión social que conlleva la penalización, como por ejemplo el narcotráfico. Sin embargo, más allá del cumplimiento de la ley, las formas de intervención orientadas a disminuir y prevenir el consumo “problemático” de marihuana no corresponderían al plano legal sino al de la salud mental. Para el profesional de la salud mental, la forma de intervenir respondería a otra pregunta no menos compleja ¿qué está pasando con esta persona (y con su vida) que continúa consumiendo marihuana a pesar de conocer los daños que provoca en su salud y las consecuencias penales que implica el consumo? .

Independientemente de que en el plano de la ley el consumidor de marihuana deba ser tratado como un “delincuente”, el profesional de la salud mental comprende que el consumidor “padece” el consumo problemático. En otras palabras, este tipo de consumo sería un “síntoma” de un problema situado en el plano existencial y en el contexto vida del consumidor. Por consiguiente, la intervención debería estar orientada “ante todo” a la detección del problema psicológico y social de fondo, junto con desarrollar recursos más saludables, y dentro de un contexto protegido, especialmente cuando se trata de la “vulnerabilidad” de niñas, niños y adolescentes.

Publicado en El Mostrador, 26 de septiembre, 2017

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